Durante el 2020 hubo atrasos de hasta tres meses en las partidas de dinero destinadas a varios programas y jerarcas responden que “no hay lugar para dialogar ni negociar con trabajadores”
Por Facundo Verdún
En contexto de pandemia y de cambio de administración gubernamental se evidenciaron problemas ya existentes a lo que se sumó la falta de diálogo entre autoridades y trabajadores. Reiterados errores administrativos llevaron al descuido de las condiciones laborales y de servicio prestadas principalmente a la población en situación de calle.
Las licitaciones para los proyectos del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fueron otorgadas en 2019, por la administración pasada, y se estimaba que se pudiera seguir trabajando entre uno y tres años más luego del período de contrato estipulado entre el 26 de abril de 2020 y el 26 de abril de 2021. La extensión por uno o dos años más depende del balance u observación positiva desde la supervisión del Mides. Cada una de esas licitaciones tenía un monto pautado: un equipo técnico conformado por un número específico de personas, sueldo correspondiente al monto designado por el Consejo de Salarios, una cantidad destinada a mantenimiento, otra al alquiler, otra a la alimentación, etc.
Las beneficiarias de estas licitaciones fueron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cooperativas, “nosotros, como muchos otros, ganamos esa licitación en noviembre de 2019 para comenzar en abril de 2020”, dijo Ignacio Fiorenza, cooperativista e integrante de la Plataforma Intercooperativas. Como es común, cuando se cambia de licitación se debe dar de baja a todos los contratos de quienes trabajan y luego nuevamente de alta, pero según afirmó Fiorenza a Portainfo: “Esa alta no se firmó en Mides y eso generó el atraso de partidas en abril de 2020”.
“Esas partidas que se atrasaron cubren alquileres, sueldos, recursos diarios, facturas de todos los servicios (agua, luz, internet), aportes al Banco de Previsión Social (BPS), impuestos de la Dirección General Impositiva (DGI), entre otros gastos de los refugios”, explicó uno de los cooperativistas* a Portainfo.
Más allá de las dificultades que las cooperativas pudieran tener para manejar los fondos públicos, “había una disparidad desde las direcciones de las ONG y las cooperativas. Las ONG más grandes tomaban presupuesto de otros proyectos pero muchas cooperativas no tenían forma de cubrir la falta de dinero”, explicó Ana Urteaga, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga).
“A raíz de esto nos nucleamos con otras cooperativas para empezar a hacer fuerza por esas firmas”, recordó el cooperativista y añadió: “Esto demoró dos meses, recién a fines de junio lo firmaron y se pagaron las partidas”. En ese período generaron espacios de diálogo y coordinación con Sutiga, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) y otros sindicatos.
La Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) creó la Mesa del programa Calles, “algo súper positivo ya que antes de formar este espacio el Mides nos decía cosas distintas a las cooperativas y ahora tenemos un mejor manejo de la información. Además tenemos más incidencia y visibilidad”, valoró Fiorenza.
Uno de los cooperativistas enfatizó la importancia del espacio, que mantuvo la autonomía de cada cooperativa pero que “gracias a esta organización conformamos un espacio común, armamos informes, iniciamos un paro. Nos dimos cuenta que más de la mitad del programa Calle lo gestionamos nosotros, las cooperativas: alrededor de 500 trabajadores y casi 2000 usuarios”.
Los atrasos no han perjudicado únicamente al programa calle, “en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por ejemplo, el servicio que funciona para prestar atención a las personas que atienden a las víctimas de violencia basada en género tienen atrasos sistemáticos”, aseguró Analía Cabral, integrante de la Comisión de trabajo tercerizado de Sutiga que nuclea a todos los trabajadores tercerizados que se desempeñan en la órbita del Mides.
“Muchos compañeros y compañeras están sin convenio vigente, con una prórroga a la espera de un nuevo pliego, en servicios que funcionan en todo el país. Las cooperativas y las ONG pequeñas que existen porque se encargan de uno o dos proyectos también la han tenido complicada”, alertó Cabral.
La integrante de la mesa de tercerizados explicó que en los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) sucedió lo mismo: “hubo atrasos de tres meses. Se renovó los convenios de julio 2020 a 2021 pero luego no se sabe si continuará, es un rubro en el que no tenemos tantos trabajadores afiliados”.
Hay situaciones distintas para cada programa, “algunos tienen convenios vigentes con partidas atrasadas y otros convenios vencidos también con partidas atrasadas y no termina de quedar claro qué razón hay detrás”, cuestionó Cabral y agregó: “Para nosotros hay una intencionalidad de asfixiar a las cooperativas y a las ONG por medio de complicar la gestión. No es solo el ahorro, es mostrar el relato de que este modelo de refugios ya no funciona y que quieren modificar”.
Ese nuevo modelo está en discusión desde gobiernos anteriores y se alinea a algunos criterios internacionales, “pero no vamos a aplicarlo únicamente por la razón que ellos exponen, porque trae detrás una lógica de que ‘este tipo de gestión no funciona porque tienen atrasos’”, reclamó Cabral.
Para no incumplir con los pagos de aportes al BPS, algunas cooperativas debieron sacar préstamos y generar una deuda ajena a la organización. “Mides no se hace cargo de esa deuda y es dinero que no se puede recuperar”, enfatizó Fiorenza.
Día a día
Por falta de pago al personal, las deudas generadas y la rotación de personal, el servicio a los usuarios se vio afectado. “Antes garantizabámos un derecho (a la población en situación de calle) -no era simplemente una ayuda- y ahora sus derechos ya vulnerados están peor: los últimos meses abrimos para que entren a dormir, sin intervención, rehabilitación ni posibilidad de egreso”, detalló una de las trabajadoras* y añadió: “Los refugios intentaron continuar con su funcionamiento normal sin presupuesto, los funcionarios generamos colectas para comprar los productos de higiene básica y primera necesidad. El personal que continuó trabajando llegó a hacerlo en condiciones extremas hasta que se entregó el proyecto”.
“Al no haber plata para las necesidades cotidianas se vio resentida la atención a la población”, comentó Fiorenza y complementó: “es imposible mantener el trabajo sin dinero, algunas cooperativas cerraron a causa de esto y sus proyectos fueron tomados por otras cooperativas u ONG”.
“‘Ustedes sigan laburando que esto sigue, sin plata’, era el mensaje que nos llegaba, porque el trabajo hay que hacerlo, si fueran 10 o 20 días no pasa nada, pero se atrasaron dos meses y medio. Cada organización tuvo distintas problemáticas pero a todos nos costó pagar los aportes y los alquileres”, reclamó otro de los trabajadores*.
A nivel general, según Cabral, se notan “improvisaciones a nivel de situaciones contractuales que no se terminan de resolver. Hay modificaciones impulsadas por la Ley de Urgente Consideración que habilitan al Mides a realizar compras directas por mayores montos que anteriormente, entonces se están evitando realizar licitaciones por los programas”. “La compra directa a la que me refiero irá desde el 23 de abril de 2021 hasta enero de 2022, si antes nos parecía precarizar el proceso que se sostuviera únicamente por dos años, ahora es mucho peor”, condenó Cabral.
Luego de enero se desconoce si se renovará, si habrá una nueva licitación o compra directa. Hay otros programas con incertidumbre, “como los Centros de día, un proyecto que depende del Sistema Nacional de Cuidados, destinado a adultos mayores, cuyos trabajadores realizan actualmente su labor con convenio vencido”, expresó Cabral.
La directora del Sistema Nacional de Cuidados, Gabriela Bazzano, no se ha expresado sobre si se seguirá brindando el servicio o si van a cerrar los 10 centros que se encuentran en el interior y tienen cupos para alrededor de 60 adultos mayores con autonomía relativa.
Monólogos
Las autoridades han sido convocados ante los atrasos, los conflictos laborales y las negociaciones, “pero no hemos percibido apertura al diálogo, de hecho desde Utmides nos afirman que ni a ellos les responden cuando realizan planteos”, sostuvo Cabral y ejemplificó: “No hay un interés por parte de las autoridades de dialogar con los trabajadores. Gabriela Bazzano ha hecho recorridas por los lugares de trabajo y ha señalado -al igual que Mónica Bottero-: ‘yo no dialogo ni negocio con los trabajadores’”.
Parte de la estrategia de los sindicatos fue un recorrido por diferentes comisiones parlamentarias como la de Legislación laboral, DDHH, en las que citaron al Mides pero no lograron más que visibilizar el tema. La presidenta de Sutiga expuso que “el diálogo con el Mides ha sido bastante reducido y no sobre los temas que queríamos. Se han enviado cartas, mensajes y solicitamos encuentros a Bartol y a Castaingdebat”.
Para Cabral está fija “la idea de que ‘acá la política la dirigimos nosotros y no hay mucho que negociar’, Utmides tiene reuniones bipartitas en las que escuchan y no mucho más. Te reciben pero no hay apertura para depositar las demandas y la visión de los trabajadores”.
“A Mónica Bottero se la ha citado para que especificara qué postura tiene el Mides sobre la política de violencia basada en género y ha tenido actitudes bastante hostiles con los trabajadores en general y más los tercerizados”, denunció Cabral.
Por parte de Sutiga se acompañó a los trabajadores a instancias de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), “siempre se citó a Mides pero ellos envían a trabajadores de la rama jurídica en representación que va únicamente a escuchar. Nunca va un político o alguien que tenga poder de decisión, o que fuera a responder por el atraso de las partidas de dinero”, enunció Cabral.
La integrante de la mesa de tercerizados reconoce en la población mucha confusión y reservas sobre lo que se anuncia desde el gobierno. “Cada vez que se daba a conocer una duplicación de uno de los beneficios como la tarjeta o una asignación las personas no tenían la información clara, señal de desorganización e improvisación. Es imposible que los beneficiarios planifiquen a futuro sin saber si van a recibir una asignación o no, hasta cuándo contarán con ese dinero ya que el encuadre no está nada claro. Hay una visión de las prestaciones como ‘algo que te doy para zafar’ y no como un derecho, y como ‘hoy te lo doy, mañana te lo saco’”, sentenció Cabral.
Fondo Coronavirus
Hubo otro atraso en las partidas para aquellas cooperativas y ONGs que fueron beneficiarias del sistema de compras directas a través del Fondo Coronavirus. “Como todo tenía que pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nuevamente se retrasó meses”, detalló Fiorenza.
Urteaga por su parte explicó: “Del Fondo Coronavirus no se quería hablar hasta que (la ministra Azucena) Arbeleche hablara del dinero con el que contaban. Fue una promesa para que los servicios se sigan prestando, pero en el medio muchísima gente trabajó gratis durante meses, algunos se certificaron y otros no podían pagar el alquiler, mucho menos un boleto para ir a trabajar. Así se da la caída libre de las cooperativas”.
Según informa la web de Presidencia, “la herramienta está destinada a atender exclusivamente las erogaciones que deba realizar el Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria nacional”. Uno de los trabajadores destacó que “la mayoría de los centros de atención 24 horas que fueron creados específicamente por la pandemia y no estaban pautados en el presupuesto están funcionando con la financiación del Fondo Coronavirus”.
Cambios
Desde marzo comenzó a implementarse la reestructuración del programa que tendrá revisiones y modificaciones paulatinamente. “En algunos refugios predomina el rol del cuidador en sustitución del educador, con menor paga y distintas tareas”, reclamaron trabajadores* de un centro de atención 24 horas.
“No identificamos un horizonte muy claro, pero ha cambiado el eje de las políticas sociales. Hay un montón de plata que tendría que estar puesta en las políticas sociales para resolver algunas situaciones o alivianar las condiciones”, enfatizó la presidenta de Sutiga.
Otro trabajador aseguró que “es un retroceso cambiar la figura del educador al cuidador, más para nosotros que intentamos profesionalizar a los trabajadores, desde antes de la existencia de esta situación. Los equipos técnicos tienen que estar titulados pero para los cuidadores ese requisito no corre”.
Urteaga complementó: “Ahora se habla de una nueva licitación llamada ‘de colmena’, que implica que un mismo equipo técnico se encargue de tres refugios lo que reduce los puestos de trabajo, mayor carga laboral y eso va a traer aparejado otro contexto”.
A lo largo de 2020 y con el pretexto de la pandemia los refugios pasaron a oficiar todos como Puerta de Entrada, es decir como recepción e ingreso de población en situación de calle. “Se descentralizó y eso también generó un desgaste en todos los centros. Es una población que tiene sus particularidades, muchos padecen patologías psiquiátricas y sufren maltrato constante, todo eso afecta”, lamentó otro trabajador y agregó: “Nos pasó mucho en la mitad y a fines del año pasado que venían cuatro o cinco personas al refugio y era la primera vez que estaban en situación de calle, llegamos a tener más de la mitad de la ocupación del refugio con esa característica. Son tiempos difíciles”.
*A lo largo del reportaje se consultó a trabajadoras y trabajadores del programa Calle a los que no se citó para no incidir en sus perspectivas laborales actuales y futuras.