Udelar e INR firmarán un acuerdo donde se regula la vida estudiantil universitaria en las cárceles
Por Manuela Bonhomme
“El Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) tiene la finalidad de contribuir a la democratización de la educación superior.” Así comienza la presentación de Progresa en su web y es en este sentido vela por el acceso a la educación terciaria y la organización estudiantil de los estudiantes privados de libertad en Uruguay.
En este marco, desde 2016, la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) llevan adelante un acuerdo para realizar distintas actividades en los centros de reclusión.
Actualmente hay más de 100 personas privadas de libertad cursando estudios terciarios en los 15 servicios universitarios presentes: Facultad de Derecho, Química, Agronomía, Arquitectura, Enfermería, Psicología, Información y Comunicación entre otras. Todas estas carreras son acompañadas por docentes de Progresa y tutores pares -estudiantes universitarios que acompañan a sus pares en su trayectoria educativa- de las diferentes carreras.
Para dar mayores garantías, Udelar e INR acordaron un proyecto, que comenzó durante la gestión anterior. Primero fue promovido como normativa interna, hasta que en los primeros meses del 2020 con las nuevas autoridades “se decidiò darle forma de convenio porque te da otro margen y se instala de otra manera”, explicó Alicia Álvarez, coordinadora de Progresa.
Este compromiso marca obligaciones para ambas partes respecto al desarrollo de las actividades de enseñanza. Una de ellas es la instalación de centros universitarios,el principal será el de la Unidad Nº 4 Santiago Vázquez ex COMCAR, “tiene la mayor cantidad de personas privadas de libertad y además tiene múltiples niveles de reclusión y de características de encarcelamiento”, justificó Álvarez.
La instalación de este centro permitirá darle mayores oportunidades a estudiantes de unidades de mayor seguridad y también a personas con más posibilidades. “La gente que está en prisión en ‘mayor confianza’ podría estar en una chacra o en la Unidad Nº 6” explicó Álvarez por eso el convenio prevé la creación de dos centros más en la Unidad Nº 10 Juan Soler y en la Unidad Nº 6 Punta de Rieles. En ésta los estudiantes privados de libertad adaptaron un espacio que funciona solo para educación terciaria y en la Nº 10 ya fue aprobada por la junta de tratamiento la asignación de un espacio.
Estos espacios tendrán autonomía universitaria, si bien habrá operadores, se regirá por las leyes de la Udelar y los estudiantes podrán hacer uso del lugar sin un integrante o referente universitario. Allí, además de tener acceso a clases, materiales de estudio e internet, los estudiantes podrán organizarse libremente y tomar decisiones como colectivo. También estarán a cargo de la organizaciòn y funcionamiento del lugar.
En el compromiso también se establece la libre reunión, organización y agremiación. “Para nosotros es algo sumamente importante porque es parte de la vida universitaria plena”, reafirmó Alicia Álvarez haciendo referencia a que cuando una persona estudia en la universidad no solo rinde exámenes si no que parte de sus derechos y obligaciones es participar de las decisiones de la universidad.
“Como obligaciones están las elecciones universitarias y como derecho está el derecho a participar de los centros estudiantiles activamente”, sentenció. Aún así los estudiantes privados de libertad no cumplen con lo antes mencionado ya que no pueden concurrir a votar ni postularse para ser elegidos como delegados. Desde Progresa se han hecho distintos intentos para que esto suceda pero no han tenido éxito. Ya que esto conlleva diferentes trámites judiciales y administrativos así como una nueva regulación de la Corte Electoral a la hora de las elecciones.
Para mejorar el acceso a la educación, las estudiantes de la Unidad Nº 5 Mujeres se organizaron para formar su gremio estudiantil. Están encabezadas por compañeras de nivel terciario pero el gremio vela por todas, ya sea nivel primario o secundario. En este proceso están acompañadas por Cecilia Garibaldi, docente de Progresa, y por algunas tutoras de los diferentes servicios, también tuvieron comunicaciones con la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). “En este momento están redactando un estatuto para formalizar y fijar su conformación frente a las autoridades”, explicó Garibaldi.
Este acuerdo también propone controles oftalmológicos obligatorios para todos los estudiantes, ya que para poder estudiar es muy importante que no se canse o se dañe la vista, dado que muchas veces los estudiantes se encuentran en espacios reducidos y con poca luz. Este ítem impulsado por Progresa obtuvo resistencia del INR al principio.
Actualmente y desde antes de la pandemia el convenio se encuentra en la oficina de jurídica del INR, desde Progresa insisten en su resolución ya que cuando llegue a rectorado de la Udelar será tratado con prioridad.
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