En el marco del día de los Derechos Humanos que se conmemoró el 10 de diciembre, se realizó un espacio de conversación sobre el sistema penitenciario
Por Eliana Vila
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los problemas más graves y extendidos en la región son el hacinamiento y sobrepoblación y deficientes condiciones de reclusión tanto físicas como relativas a la provisión de servicios básicos. También, en la región hay altos índices de violencia carcelaria, falta de control efectivo de las autoridades, el empleo de la tortura con fines de investigación criminal y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de los centros penales.
Rosario Pérez, secretaria de DDHH de la Presidencia de la República, dijo que la realidad de Uruguay en las cárceles no es algo que nos atañe de forma exclusiva sino que es de carácter regional. La CIDH da seguimiento desde hace más de cinco décadas, a las personas privadas de libertad en las américas a través de mecanismos tanto contenciosos como de monitoreo.
Pérez comentó que la CIDH ha realizado visitas a penitenciarías de los distintos estados, centros de detención, comisarías, estaciones de policías, entre otros, con el objeto de verificar la situación de las personas privadas de libertad en esos lugares. “Se reconoce que la construcción de nuevas cárceles definitivas es una medida necesaria frente a la sobrepoblación. Sin embargo, esta no es una solución sostenible en el tiempo porque no resuelve los problemas que están en la base del aumento de las personas privadas de libertad”, explicó la secretaria de DDHH.
La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, afirmó que hay desafíos en cuanto al respeto y garantía de las personas privadas de libertad, identificadas por la comisión. Sin embargo, son los mismos que han sido sistemáticamente observados en las américas por mecanismos de monitoreo de las Naciones Unidas. La ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables, la falta de programas laborales y educativos, la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a los programas y abusos en la gestión penitenciaria, son algunos de los desafíos planteados.
También mencionó que esta crisis en los sistemas penitenciarios es el resultado de “décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos gobiernos de los estados de la región y de la apatía de las sociedades que tradicionalmente han preferido no mirar hacia las cárceles”. Dijo además que debido a esto los centros se han convertido en ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, “en los que tradicionalmente ha imperado la arbitrariedad y la corrupción”.
La vicepresidenta de la República, Beatríz Argimón, destacó en su participación, la importancia de contar con un comisionado parlamentario que está comprometido con la realidad carcelaria del país. “Nos da insumos para nuestro trabajo, pero fundamentalmente permite un diálogo permanente con los operadores del sistema y con los parlamentarios, lo cual es una señal muy positiva en cuanto a tener una figura con respaldo parlamentario presente en la realidad carcelaria”, dijo Argimón.
Además destacó el rol de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, que está compuesto por legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. “Tienen un rol protagónico dentro de la dinámica parlamentaria y que también han servido para ese vínculo indispensable para quienes tienen a su cargo la política carcelaria y el parlamento nacional, en un diálogo permanente pero también tratando de buscar caminos para tener un sistema penitenciario cada vez más eficiente y transparente que es otro de los objetivos”, aseguró Argimón. Y finalizó su participación reafirmando el compromiso del parlamento por trabajar “fuertemente” en todos estos temas y servir de garantía y de puente para el auténtico ejercicio de los derechos humanos.
La Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario
Graciela Barrera, comenzó su intervención, refiriéndose a que se debe hablar de los derechos humanos de todos. “Yo viví la violencia en carne propia. Como muchos saben, a mi hijo lo mataron en una rapiña en 2009, y a partir de ahí empecé a ver cómo se podía hacer para ayudar a que esta sociedad sea mejor”, contó Barrera. Agregó, que la conmemoración de derechos humanos “es impresionante porque nos abre las mentes para tratar de tener más herramientas para evitar que las personas reincidan”.
Barrera dijo que el problema no es solo de aquellos que cometen delitos, sino que es un problema de toda la sociedad, ya que la sociedad en su totalidad está involucrada en esto. “Nadie sabe si a causa de las drogas por ejemplo, un hijo puede estar dentro de una cárcel o puede estar muerto a causa de que otra persona toma drogas”, aseguró.
La senadora, dijo que en general es más fácil decir “hay que meterlos a todos presos”o “que se mueran todos” a buscar soluciones reales.
En cuanto a las mujeres que están privadas de su libertad, aseguró que no hay cárceles pensadas para mujeres. Por lo general, las cárceles que quedan para las mujeres son aquellas que eran para hombres que fueron trasladados hacia otro lado. “En Buenos Aires, el juez Alejandro David ha implementado cosas muy buenas para que las mujeres, con medidas alternativas no tengan que ir a la cárcel”, dijo. Agregó que esto seguramente traiga una discusión, y que en el caso de las madres con hijos se tendría que tener soluciones diferentes. “No puede ser que donde están los niños hoy por hoy, presos donde está su mamá, no tengan una camioneta que los lleve a la escuela y tengan que ir en una locomoción que es de la policía”, aseguró Barrera.
Desde su punto de vista, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), no tendrían que pertenecer al Ministerio del Interior. “Creo que el INR tendría que ser un servicio descentralizado, entiendo que la policía tiene un cometido y que tendríamos que dentro del sistema penitenciario, sustituir a la institución policial por educadores y operadores civiles”, comentó. Explicó además que para esto se basa en dos ejemplos, como la Unidad Número 6 de Punta de Rieles, ya que “desde el mundo han venido a filmar lo que se hace allí, siempre estuvo con civiles”. Y el otro ejemplo, es el Polo Industrial del ex Comcar, liderado por Jaime Saavedra: “allí se trabaja, las empresas están trabajando dentro del polo. Las personas tienen dignidad y respeto”, aseguró Barrera. Además, dijo que el Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN) tendría que estar dentro de la óptica de la UdelaR. “Cuanto más educación, mejor”.
El XII Espacio de Innovación Penitenciaria, fue organizado por el Comisionado Parlamentario Juan Miguel Petit. Contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Beatríz Argimón, la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia y Rosario Pérez. También intervinieron integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario y expertos del Programa de Política Pública sobre el Delito de Texas.
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