Por Mariana Fornio
En el mes de setiembre, en España - principalmente en Madrid - se dispararon los contagios de COVID-19 alcanzando cifras mayores a los 716.481 casos. En la capital española se adoptaron medidas en pos de evitar nuevamente la declaración del estado de alarma lo que llevaría a una cuarentena total. Por el momento, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió confinar a más de un millón de personas que residen en las 45 zonas más afectadas por el virus.
En medio de acusaciones y protestas por parte de la población afectada que habla de confinamiento de clases, se prevén para los primeros días de octubre más medidas y despliegue de efectivos militares y policiales en las zonas para reforzar el control y realizar acciones de desinfección. En este escenario, se vuelve a evidenciar la falta de cooperación entre el gobierno de España y el de Madrid, que atraviesan por estas horas un divorcio político sanitario.
Los antecedentes
El 21 de setiembre se decretó el confinamiento de 37 zonas en Madrid, el cierre de parques y la prohibición de reunirse en el ámbito público o privado con grupos mayores a seis personas. Para las zonas afectadas, el confinamiento fue parcial ya que cuenta con permisos de movilidad para la población. Para movilizarse por el resto de la ciudad, es preciso presentar un permiso que acredite los motivos, sin esto, las personas pueden enfrentarse a multas que superarían los 600 euros.
En esos barrios; todos los establecimientos, locales comerciales, hostelería, servicios y casas de apuestas no superan el 50% de su capacidad y tienen como hora de cierre las 22 horas, cuando comienza el toque de queda y el cese de toda la actividad no esencial. Esto no rige para las zonas no afectadas donde, por ejemplo, los bares siguen abiertos hasta la 1 de la madrugada.
De las zonas confinadas y puestas en cuarentena por 14 días, la gran mayoría son barrios ubicados al sur, donde conviven familias que trabajan en áreas como servicios, hostelería, limpieza y cuidados de personas, cuyos puestos de trabajo están en el centro de Madrid. Las críticas a estas medidas se basaron en la incoherencia del porqué una persona podía ir a trabajar a los barrios no afectados, pasear por allí, pero al regresar a su casa debía confinarse.
Uno de los casos más comentados fue el del barrio Lavapiés, barrio muy céntrico de Madrid y zona turística, con una gran incidencia de contagios incluso mayor a otras zonas, pero que por algún motivo no ha sido confinado. Frente a esto, distintos medios de comunicación replicaron voces dentro del gobierno que reconocían la incoherencia de estas medidas.
El conflicto político y social
Más allá de las ineficientes medidas adoptadas en el transcurso de la segunda oleada, la comunidad de Madrid presenta un gran problema que es la falta de profesionales médicos, de rastreadores de COVID-19 (profesionales encargados de buscar a personas que hayan estado en contacto con algún positivo de coronavirus y así contener el contagio); y la falta – y recortes – del presupuesto para la salud y atención primaria, que es la atención de primera línea en los centros de salud (siendo Madrid una de las comunidades que destina el menor porcentaje del presupuesto).
El gobierno de España llegó a reunirse con el de Madrid, en un alto al fuego que precedía al comienzo de un furtivo romance, el que terminaría unos días después.
El 25 de setiembre, en simultáneo, declararon en televisión, por un lado, el ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, y por otro lado, los consejeros de sanidad de la comunidad madrileña. Estos últimos anunciaron la ampliación de las medidas de confinamiento a ocho zonas más. Mientras que el ministro dejaba en claro que desde filas del gobierno se recomendaba el confinamiento de toda la capital: “emplazo a Madrid a revisar sus decisiones, hay un riesgo serio para sus habitantes”, sentenció Illa.
De acuerdo a un informe publicado en el periódico global El País, un total de 200 zonas sanitarias de Madrid superan los 500 casos por 100.000 habitantes, que es el umbral a partir del cual se aconseja el aislamiento. A partir de esto, se cuestionan cuáles fueron los criterios de confinamiento de esas 45 zonas, ya que parecería responder a algo más que a un criterio sanitario.
¿Por qué se habla por estas horas de un estado de alarma únicamente para la comunidad de Madrid? Desde que el presidente Pedro Sánchez, anunció el pasado 25 de agosto que la responsabilidad de decretar el estado de alarma recaía sobre cada comunidad autónoma y no sobre el gobierno, se abrió en España la posibilidad de un nuevo escenario. Esto mermaba los rumores de un nuevo confinamiento general para el mes de setiembre y ofrecía tranquilidad a aquellas localidades más pequeñas del territorio que nunca presentaron gran incidencia de casos por habitantes.
Una vez más, el resto del país miró con recelo y desconfianza a Madrid, principalmente por ser la ciudad con más contagiados del territorio y donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Barajas que es una puerta de conexión con el mundo de entrada y salida de pasajeros. Aunque en ese momento se lanzaron medidas que iban directamente contra las reuniones sociales, esto no fue suficiente en Madrid donde la situación se declara como alarmante en la carrera contra un virus que va varios pasos por delante.
El número de contagios fue creciendo y Díaz Ayuso (quien en junio había criticado fuertemente al gobierno por no permitir que en ese entonces Madrid pudiese avanzar de fase), pidió el pasado 18 de setiembre una reunión urgente con el presidente Sánchez donde se discutirían unas nuevas medidas. Así fue que durante cuatro días, ambos dirigentes se mostraron unidos en el afán de combatir un enemigo en común.
Entre medio de todo este tire y afloje, la población no permaneció en silencio. En el barrio Puente de Vallecas, barrio obrero históricamente conocido por su fuerza en las movilizaciones sociales y que es uno de los 45 confinados, los vecinos convocaron a diversas marchas, indignados por la disparidad de condiciones en que se trata al total de la población, y en una pacífica pero concurrida manifestación, este viernes corearon entre pancartas de “Ayuso dimisión”, “más sanidad, menos policías” “menos curas más + vacunas”. Una concentración de gente que hacía mucho tiempo no se veía por España debido a las prohibiciones impuestas por el virus.
Es importante destacar que no fue sino hasta el mismo viernes en la tarde, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ratificó la orden dictada por Sanidad, lo que se traduce en que recién a partir de ese momento, podrían sancionarse a la población por violar las normativas aplicadas el día lunes.
El segundo día del confinamiento en la zona de Puente de Vallecas, el flujo de gente en las calles no había disminuido, los bares se encontraban abiertos con algunos clientes, así como el centro comercial y demás servicios. Ocurre que las zonas se confinaron con permiso de movilidad y salvo aquéllas personas más vulnerables de salud, nadie quiere perderse los últimos soles cálidos antes de enfrentar el frío otoño, nadie quiere volver a quedarse en casa.
Madrid gira sobre sí mismo con cifras de contagios que van en crecimiento pero sin medidas eficientes para frenarlo. Se pide a la población calma y se muestra tensión por televisión, los dirigentes no se ponen de acuerdo mientras exigen responsabilidad a los ciudadanos. Unos barrios confinados otros no. Con el lema “esto no es un juego”, están realizando un juego de poderes y un tire de la cuerda para ver quién afloja primero. En Madrid la situación empeora.
Algunos comerciantes se ven obligados a cerrar sus comercios, escasean los turistas y sobre todo, reina el pánico. Nadie sabe hacia dónde pero hay que correr. Correr tras un virus que no ha desaparecido sino que simplemente se había tomado unas vacaciones de verano. Correr tras los políticos y sus interminables diferencias. Sin embargo, una línea en la que todos se ponen de acuerdo: cuanto más tiempo se tarde en tomar medidas de carácter general, peores serán las consecuencias.
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