Botinelli y Buquet aseguraron que en un eventual referéndum por la LUC los ciudadanos votarán “a favor o en contra del gobierno”
Por Marcelo Aguirrezábal.
Sobre el final del 2020 el Frente Amplio, el PIT-CNT y las organizaciones sociales anunciaron que iban a iniciar una recolección de firmas con el fin de derogar 135 artículos de la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración (LUC). Esta iniciativa generó que los militantes de los partidos que integran la Coalición Multicolor impulsaran un hashtag en Twitter: #YoNoFirmo. Sin embargo, los promotores de la LUC no han definido aún una estrategia para defender la ley ante un eventual referéndum.
Para el politólogo y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Daniel Buquet, las contracampañas se asemejan a lo que en ciencia política llaman “campaña negativa”. En una campaña negativa un partido o un candidato deciden destacar aspectos negativos de otros candidatos. En una instancia plebiscitaria solo hay dos opciones, por lo que quienes están en contra de lo que promueve el plebiscito “no tienen más remedio que hacer una campaña negativa”. Aunque entiende que en el caso de los promotores de la LUC “el discurso no tiene por qué ser el típico de campaña negativa”, ya que pueden dar el mensaje “de que hay que defender la norma porque es buena”. En cambio, considera que desde la Comisión pro referéndum se hará una campaña negativa - es decir, que favorecerá a la junta de firmas- debido a que deben transmitir que los artículos que intentan derogar son malos.
En otro aspecto, Buquet dijo a Portainfo que “las campañas electorales tienen por lo menos dos andariveles: el personal y el programático”. Explicó que en este caso no hay candidatos, pero que desde ambos bandos se puede intentar desacreditar a quienes están en contra o a favor de la derogación de los 135 artículos en discusión.
Por otra parte, el docente universitario dijo que “el efecto de las campañas electorales en Uruguay es marginal”, es decir que “la decisión del voto se toma por anticipado”. Aunque aclaró que el hecho de que sea marginal “no significa que no sea decisivo” porque, en una elección donde la diferencia entre las distintas opciones sea escasa, el efecto de la campaña puede cambiar el resultado. De todas formas, la mayoría de la gente no toma sus decisiones “electorales o eventualmente plebiscitarias en función de una campaña”, aclaró.
“Nosotros ya sabemos que en Uruguay, en instancias de decisión plebiscitaria la mayoría de la gente vota según sus adhesiones político partidarias” señaló, por lo que si un partido o un bloque apoyan una opción, la mayoría de sus votantes -por encima de un 80%- decidirá en razón de eso. Aunque se permitió dudar en el caso de los votantes de Cabildo Abierto, porque “todavía no conocemos bien a sus votantes, la mayoría son de derecha conservadora” y anteriormente votaron a los partidos tradicionales, “probablemente al Partido Colorado”. Pero “tienen un grupo grande perteneciente a sectores populares, que pueden ser ex votantes del FA”, por lo tanto, su posición respecto a la recolección de firmas y un eventual plebiscito “es menos previsible”. Más allá de eso, piensa que “ya hay un 40% a favor de la derogación de los artículos y otro 40% en contra”, “el 20% restante irá decidiendo en el correr del proceso y podrá tomar en cuenta o no, los argumentos de la campaña”.
Para Óscar Botinelli, director de la encuestadora Factum “el FA tiene aproximadamente el 40% de apoyo pleno de la población y la Coalición Multicolor tiene un 50%”, hay un 10% restante entre los que hay personas que votan en blanco o anulado, personas que votan a partidos menores, y personas que han oscilado entre el FA y los partidos de la coalición gobernante. Este 10% sería decisivo en una eventual votación. Buquet y Botinelli consideran que habrá que tener en cuenta también la imagen que tenga el gobierno entre los ciudadanos, y la situación económica del país al momento de la votación.
Botinelli considera que lo más difícil para los promotores del referéndum es juntar las firmas necesarias- equivalentes al 25% del padrón electoral- y no ganar una eventual votación, “lo que no significa que la vayan a ganar, pero sí les va a resultar más fácil” agregó. Buquet coincide con esa postura.
Según Buquet, la razón que llevó a la comisión pro referéndum a elegir el “camino largo” para tratar de forzar una votación respecto a los 135 artículos en cuestión, porque el FA, el PIT-CNT y las organizaciones sociales “consideran que es necesario mover a los militantes”, ya que consideran que han desatendido a su militancia. En suma, Buquet cree que la mitad de las firmas necesarias ya están aseguradas y agregó que “se trata de gente politizada y con fuerte vínculo partidario”, pero también hay gente afiliada al PIT-CNT o que simpatiza con el FA “que no le interesa tanto la política” y que no se va a movilizar para firmar, “el desafío para quienes promueven el referéndum es encontrarlos”.
Botinelli recordó que en 1987 cuando se juntaron firmas para intentar derogar la Ley de Caducidad, quienes defendían la ley no hicieron contracampaña porque eso “hubiese puesto el tema en el centro del debate”, y el esfuerzo por poner el tema en la agenda pública “es de los que impulsan la recolección de firmas”. El director de la encuestadora Factum entiende que “una contracampaña ayuda a quienes promueven la iniciativa a poner el tema en discusión, y puede resultar en que mucha gente se decida a firmar, sin haberse planteado antes firmar o no firmar”. Tanto Buquet como Botinelli consideran que los impulsores de la LUC sólo definirán una estrategia para defender los 135 artículos si se confirma que habrá referéndum.
Ambos politólogos aseguraron que de haber una votación, los ciudadanos votarán según su postura con respecto al gobierno, y la LUC tendrá una importancia menor. Botinelli dijo que “esto casi siempre sucede cuando hay referéndums o plebiscitos que no coinciden con las elecciones nacionales”. Esto no ocurre solo en Uruguay, “en Italia hubo una votación con respecto a una reforma constitucional en 2016” donde se proponía reducir el número de parlamentarios, entre otras cosas. En ese entonces, el gobierno italiano decidió plantear esta votación en términos de “a favor o en contra del gobierno”. El proyecto de reforma constitucional fue derrotado y el gobierno renunció.
Aunque recordó ocasiones en las que el debate no se dio así. En 1992 se llevó a cabo un plebiscito que procuraba derogar cinco artículos de la Ley de Empresas del Estado aprobada por el gobierno Luis Alberto Lacalle Herrera. En esa campaña el foco de discusión estuvo en el papel que debía tomar el Estado en la economía, y no en la posición que podían tener los ciudadanos sobre el gobierno de turno. Sucedió lo mismo cuando “hubo intentos de llegar a un referéndum por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley (Integral para Personas) Trans”, el debate se centró en el contenido de las leyes y no en la imagen que podía tener el gobierno del FA.